Todo lo que debes saber del seguro de defensa jurídica o de reclamación de daños y su guía de buenas prácticas

Se trata de una cobertura por medio de la cual la compañía de seguros se hace cargo de los gastos del asegurado como consecuencia de que éste intervenga en un proceso judicial, administrativo o arbitral debido a un accidente de tráfico, en este caso, y obliga a la aseguradora a prestar al asegurado la asistencia jurídica en todos aquellos supuestos cubiertos por la póliza.

¿Cómo puede prestarse la cobertura del seguro de defensa jurídica?

Esta defensa jurídica se puede prestar por parte de la compañía de dos maneras:

Mediante indemnización: El asegurado elige libremente a un abogado particular y la compañía de seguros abona el importe que pueda corresponder por defensa jurídica una vez finalizado el trabajo. En este supuesto, la cobertura generalmente está limitada cuantitativamente. Debemos indicar que respecto a la libre elección de abogado se ha pronunciado la Unión Europea a través de su Directiva 87/344 del Tribunal Europeo en la que se especifica expresamente que el interés del asegurado en el seguro de defensa jurídica implica necesariamente la libre elección de abogado o profesional cualificado para defender los derechos del perjudicado en cualquier proceso judicial o administrativo. Cualquier limitación a decidir libremente el letrado que queremos que asuma nuestra defensa sería por tanto contrario a la finalidad y objeto del seguro.
En especie: Supone la asunción por parte de la compañía de la defensa jurídica del perjudicado/asegurado a través de un abogado designado por ésta y cuya cobertura suele ser ilimitada en cuanto al importe que asume la compañía por los honorarios de este profesional.

¿Qué ocurre si mi compañía indica que la reclamación es inviable o temeraria?

Puede suceder que la compañía de seguros una vez valoradas las circunstancias en las que sucede el accidente de tráfico determine que la reclamación es inviable. Esta posición suele adoptarse por las compañías, por ejemplo, cuando existen pocos daños en el vehículo asegurado, o bien en el caso de que haya versiones contradictorias de los conductores del vehículo y no haya parte amistoso, o incluso cuando habiendo atestado policial éste no determine la culpa.

También puede pasar, que la compañía de seguros acepte la defensa jurídica de inicio y una vez finalizadas las gestiones extrajudiciales, considere que la reclamación no está justificada. Un ejemplo de este caso sería cuando la compañía de seguros propia realiza una reclamación extrajudicial a la compañía aseguradora del vehículo responsable y ésta hace una oferta indemnizatoria que el perjudicado considera insuficiente, y sin embargo, la compañía de seguros del propio perjudicado considera que es justa y que reclamar un importe superior es temerario.

En cualquiera de los casos, la aseguradora renuncia a prestar asistencia jurídica al perjudicado dándole lo que se denomina libertad de acción, lo que conlleva que éste deba acabar acudiendo a un abogado experto en accidentes de tráfico.